La nueva Ley de Vivienda parece que ha llegado para quedarse. Y aunque aún está pendiente de aprobación definitiva por parte del Senado durante este mes de mayo, ya se han definido completamente las medidas que incluirá la norma.
Esta nueva legislación pretende regular ciertos aspectos del sector poniendo especial foco en el alquiler de inmuebles, en las ayudas al acceso a la vivienda, la regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler en “zonas tensionadas”.
Aquí te dejamos algunas de las principales claves que debes conocer:
Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler
“Se mejoran y facilitan las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control”. Cada Comunidad Autónoma puede declarar barrio o un municipio como «zona tensionada», también, puede incluir en la revisión al Ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas.
Una zona tensionada debe cumplir, al menos, uno de estos dos requisitos:
- Su precio haya aumentado más de 3 puntos porcentuales el valor del IPC en los últimos 5 años.
- El precio medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la zona.
En el caso de alquiler, una zona tensionada deberá cumplir, al menos, una de estas dos condiciones:
- Que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos esté por encima del 30% de la renta media de los hogares.
- Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años antes de la declaración de área tensionada.
Una zona tensionada podrá ser desde un distrito censado como micro zona, pasando por áreas mucho más grandes, hasta Comunidades Autónomas enteras, siempre que cumplan con una de estas dos condiciones.
Nueva definición para grandes tenedores y regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas
Se distinguen entre grandes y pequeños propietarios.
Grandes tenedores: personas físicas o jurídicas que son propietarios de 5 o más viviendas.
Pequeños propietarios: personas físicas o jurídicas que son propietarios de menos de 5 viviendas.
Los precios de los alquileres de los nuevos contratos sean de grandes o pequeños propietarios, estarán regulados y topados. Esta medida busca contener y reducir el precio de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas ‘tensionadas’.
Estos topes se establecerán, según la modalidad de contrato y tipo de propietario: pequeño o gran tenedor:
Para pequeños propietarios: según el precio del alquiler del contrato anterior al nuevo contrato de alquiler.
Para grandes tenedores: mediante la aplicación del índice de contención de precios el cual todavía está por definir.
Límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC
Este punto ha sido uno de los más criticados y debatidos, puesto que, varios expertos no aprueban este tipo de medidas.
Con la nueva normativa, a partir de enero de 2024, las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo de un 3% y quedarán desvinculadas del IPC.
Además, se propone que para enero 2025 esté listo un nuevo índice de referencia para la actualización de todos los alquileres y que será más estable e inferior al IPC. Actualmente, existe un grupo de trabajo asignado para definir cómo será este índice.
Regulaciones entre propietarios e inquilinos
El abono de los gastos de gestión inmobiliaria corresponderán al propietario. El inquilino seguirá pagando la fianza y la garantía adicional al firmar un nuevo contrato de alquiler.
Se prohíbe aumentar el precio del alquiler añadiendo nuevos gastos (comunidad, tasa de basura, etc.). También, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley, cuando existe un acuerdo entre las partes. Actualmente, La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que las partes lleguen a acuerdos, aunque estos sean contrarios a la Ley.
Impuestos a pisos vacíos
Para incentivar el alquiler de aquellas viviendas que se encuentren sin ser habitadas más de dos años, cuyos propietarios posean más de cuatro viviendas en el mismo municipio, el Gobierno permitirá a los Ayuntamientos aumentar la tasa del IBI para estas viviendas con un recargo de hasta el 150%.
Nuevas medidas de protección frente a los desahucios
Este punto de la Ley de Vivienda tiene varias medidas para alcanzar la protección: terminar con los desahucios sin fecha predeterminada, por lo cual, será obligatorio establecer una fecha y una hora para su ejecución.
Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, siendo posible aplazar los procesos más de 2 años.
Acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
Cada comunidad podrá articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional necesaria.
El debate sobre esta nueva Ley de Vivienda sigue sobre la mesa. Para este mes se tendrá el borrador final y sabremos definitivamente cómo afectará a la población en general.
